Prohibir el celular no resuelve la pregunta más importante

México acaba de establecer nuevas reglas para el uso de dispositivos digitales en las escuelas. Para los colegios, cumplirlas será obligatorio. Saber qué hacer con la tecnología después de cumplirlas será una decisión mucho más compleja. Durante agosto, el uso de celulares en las escuelas mexicanas pasó rápidamente de ser una conversación entre padres, docentes y directivos a convertirse en un asunto de política educativa nacional.

EL PAÍS describía entonces a México entrando en una tendencia internacional de restricciones al teléfono dentro de las escuelas. Días después, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó públicamente su apoyo a restringir su uso en educación básica y planteó la conveniencia de recuperar espacios de aprendizaje apoyados en papel, lápiz y convivencia presencial.

Desde entonces, la discusión avanzó más rápido que el calendario escolar. El 22 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 09/09/26. A partir del 3 de noviembre de 2026, en educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, tanto pública como particular, se restringe el uso de celulares y dispositivos personales durante toda la jornada escolar, salvo para actividades educativas previamente programadas, emergencias y determinadas necesidades de salud, discapacidad, accesibilidad o inclusión.

La discusión, por tanto, ya no es solamente si México debe regular los celulares en las escuelas. La regulación ya llegó. La pregunta interesante empieza después. Menos celular no significa necesariamente mejor tecnología educativa. Existe evidencia suficiente para tomarse en serio el problema de la distracción digital. En los resultados de PISA 2025, 37% de los estudiantes mexicanos reportaron que sus compañeros se distraían frecuentemente con dispositivos digitales durante la mayoría o la totalidad de las clases de ciencias, frente a un promedio de 28% en los países de la OCDE.

La tendencia regulatoria tampoco es exclusivamente mexicana. UNESCO reportó en marzo de 2026 que 114 sistemas educativos —58% de los países monitoreados— contaban ya con alguna prohibición nacional al uso de teléfonos móviles en las escuelas. Pero hay una distinción importante. Encontrar evidencia de que un celular puede distraer a un estudiante no demuestra que toda tecnología dentro del aula perjudique el aprendizaje. Y encontrar una aplicación educativa que produzca buenos resultados tampoco demuestra que introducir más tecnología mejore automáticamente la educación. La propia OCDE ofrece una señal interesante. Sus datos recientes muestran que las escuelas con prohibiciones o lineamientos sobre los celulares tienden a registrar menos distracción digital y menos uso recreativo de dispositivos. Sin embargo, la relación entre esas políticas y un mejor desempeño académico no resulta igualmente clara.

La conclusión razonable no es “pantallas sí” ni “pantallas no”. Es algo bastante menos cómodo: Depende de qué tecnología, utilizada para qué propósito, de qué manera y con qué acompañamiento. Un celular no es lo mismo que una computadora. Y ninguno de los dos es lo mismo que la inteligencia artificial.

Parte de la conversación pública agrupa bajo la palabra “pantallas” fenómenos profundamente distintos.

• Un estudiante viendo TikTok durante una clase.

• Una maestra proyectando una simulación científica.

• Un alumno investigando una fuente en una computadora.

• Una plataforma adaptativa ajustando ejercicios según su desempeño.

• Un adolescente pidiendo a una inteligencia artificial generativa que haga su tarea.

• Y un profesor utilizando esa misma inteligencia artificial para diseñar actividades diferenciadas.

Todos involucran tecnología. Pedagógicamente, no son el mismo fenómeno. Esa diferencia importa porque el nuevo marco mexicano tampoco plantea una eliminación absoluta de la tecnología. En educación básica permite dispositivos cuando existe una finalidad pedagógica previamente programada y supervisada por docentes.

La palabra importante no es solamente la restricción. Es intencionalidad.

Y ahí surge una dificultad que ninguna prohibición puede resolver por sí sola.

¿Quién decide cuándo existe suficiente intencionalidad pedagógica? ¿Con qué criterios? ¿Cómo sabe una escuela si la herramienta que incorporó está ayudando a aprender? ¿Qué usos de la inteligencia artificial acepta? ¿Cuáles modifica? ¿Cuáles rechaza? ¿Qué saben sus docentes? ¿Qué están haciendo realmente sus alumnos? ¿Qué creen los padres que está ocurriendo?

Tener una política no implica necesariamente tener respuestas.

De la regulación a la gobernanza.

Durante años, la conversación sobre digitalización educativa estuvo dominada por una pregunta relativamente sencilla: ¿tienen los alumnos acceso a tecnología? Computadoras. Tabletas. Internet. Plataformas. Hoy la pregunta es distinta. La tecnología ya está dentro de las escuelas y, en muchos casos, también dentro de los procesos educativos aunque la institución nunca haya decidido formalmente incorporarla. La inteligencia artificial es el ejemplo más evidente.

Un colegio puede no haber adquirido una sola herramienta de IA y tener, al mismo tiempo, alumnos utilizándola para tareas, docentes preparando materiales con ella y familias recurriendo a asistentes generativos para apoyar trabajos escolares. La adopción puede ocurrir antes que la política. Por eso la nueva regulación puede solucionar una parte del problema y, simultáneamente, hacer más visible otra. Una institución puede guardar todos los celulares durante la jornada y continuar sin saber cómo quiere relacionarse con la tecnología. Puede cumplir perfectamente la norma y seguir sin una estrategia digital.

La diferencia entre una regla y una estrategia.

Una regla responde preguntas como:

¿Cuándo puede utilizarse un dispositivo?

Una estrategia institucional necesita responder otras:

¿Qué queremos conseguir utilizando tecnología?

¿Qué prácticas queremos preservar precisamente porque no queremos delegarlas a una máquina?

¿Qué capacidades necesitan desarrollar nuestros docentes?

¿Qué riesgos estamos dispuestos a aceptar?

¿Cómo cambia nuestra evaluación cuando un estudiante tiene acceso permanente a inteligencia artificial?

¿Cómo distinguimos asistencia de sustitución?

¿Qué datos pueden introducir los profesores y los alumnos en herramientas externas?

¿Cómo explicamos nuestras decisiones a las familias?

¿Y cómo sabemos, dentro de seis meses, si lo que decidimos funcionó?

No existe una respuesta universal.

Un colegio bilingüe de primaria, una secundaria con un modelo constructivista y una preparatoria orientada a STEM pueden llegar legítimamente a políticas distintas. Lo importante es que esas políticas sean deliberadas y no simplemente el resultado acumulado de decisiones aisladas.

Antes de decidir, hay que saber qué está ocurriendo.

Este es precisamente uno de los problemas que estudiamos en Interdependencia. Nuestra hipótesis de trabajo no es que los colegios necesiten más tecnología ni que necesiten menos. Es que necesitan mejor información para decidir qué hacer con ella.

Con Mentat Signals analizamos cómo una institución está gestionando la llegada de la inteligencia artificial: qué ocurre en la práctica, qué dicen sus políticas, qué saben y hacen los docentes, dónde existen tensiones y qué decisiones requieren atención. El objetivo no es entregar a todos los colegios el mismo manual. Es construir una radiografía lo suficientemente clara como para que cada institución pueda tomar decisiones propias con evidencia, identificar riesgos y convertirlos en un plan de acción.

Porque copiar la política del colegio vecino puede ser tan poco estratégico como adoptar la herramienta tecnológica de moda.

La regulación puede ser el comienzo, no el final.

México ha tomado una decisión importante sobre los dispositivos personales dentro de las escuelas. Ahora viene una tarea probablemente más difícil. Construir una cultura en la que alumnos, docentes, familias y directivos aprendan a distinguir entre tecnología que distrae, tecnología que sustituye procesos cognitivos que necesitamos preservar y tecnología que verdaderamente amplía las posibilidades de enseñar y aprender.

Eso requiere reglas.

Pero también formación docente, alfabetización digital, conversación con las familias, criterios pedagógicos, mecanismos de evaluación y capacidad institucional para revisar decisiones cuando la evidencia cambie. La regulación puede decirle a un estudiante cuándo guardar el celular. No puede decidir por una escuela qué relación quiere construir con la tecnología. Esa decisión sigue perteneciendo a cada comunidad educativa. Y quizá esa sea ahora la pregunta que los colegios deberían hacerse:

Si mañana desaparecieran todos los celulares de nuestras aulas, ¿tendríamos claro qué tecnología queremos que permanezca, para qué queremos utilizarla y cómo sabremos si realmente está ayudando a nuestros alumnos a aprender?